El incumplimiento de las medidas de protección penal

Resumen

El problema principal identificado en la investigación es la incertidumbre jurisdiccional en casos de incumplimiento de medidas de protección establecidas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esto ocurre cuando tras la imposición de estas medidas, se produce un nuevo acto de violencia que puede ser considerado como una infracción autónoma. Objetivo: Determinar el tratamiento y las medidas de protección a favor de la víctima, tipificadas en la legislación ecuatoriana. Metodología: La metodología utilizada en esta investigación se fundamenta en un enfoque cualitativo, con un diseño documental y analítico. En cuanto al diseño, se utilizó el documental, mismo que se centra en el análisis de la legislación vigente, como el COIP, y en el estudio de opiniones consultivas y doctrinas jurídicas relevantes. En relación al enfoque, se aplicó el analítico, el cual busca relacionar las disposiciones legales con las opiniones consultivas y la doctrina. Por otro lado, en relación al enfoque cualitativo, se apoyó en un diseño documental y analítico, a fin de abordar la problemática del incumplimiento de medidas de protección desde una perspectiva normativa y doctrinal. Resultados: Los resultados señalan que, aunque el marco normativo ecuatoriano establece mecanismos de protección inmediatos, como lo dispuesto en el artículo 643 del COIP, su aplicación enfrenta desafíos en términos de coordinación y celeridad. La normativa requiere ajustes prácticos para garantizar que las medidas adoptadas sean continuas, aun cuando se transfieran competencias entre jueces especializados y jueces de garantías penales. Conclusión: el tratamiento del incumplimiento de medidas de protección penal exige un compromiso reforzado por parte del sistema judicial para garantizar la seguridad de las víctimas y la aplicación efectiva de las normas. La solución a esta problemática radica en optimizar las reglas procesales existentes, reforzar la coordinación interjurisdiccional y asegurar que los principios rectores del proceso penal sean aplicados de manera uniforme y eficaz.