El criterio de la víctima frente a la pretensión punitiva de Fiscalía General del Estado.
DOI:
https://doi.org/10.56048/MQR20225.9.1.2025.e381Palabras clave:
Persecución ; justicia; derechos humanos; poder punitivo; desigualdad estructuralResumen
Originalmente, el término “víctima” se refería a alguien o algo ofrecido en sacrificio, pero su significado ha evolucionado para representar a quienes sufren daño físico, emocional o material debido a la violencia, la injusticia o factores fuera de su control. Hoy en día, la noción de víctima tiene implicaciones psicológicas, sociales y políticas, y es clave en los movimientos de derechos humanos y justicia social. Sin embargo, su interpretación puede manipularse o derivar en una "cultura de la victimización”. En Ecuador, los factores estructurales como la violencia, la desigualdad y la corrupción influyen en quién es reconocido como víctima. Grupos marginados como mujeres, niños, pueblos indígenas y manifestantes sociales enfrentan barreras para acceder a la justicia. Aunque el Código Orgánico Integral Penal (COIP, 2014) estableció mecanismos de protección y reparación, persisten problemas como la impunidad, la revictimización y las demoras procesales. El procedimiento abreviado, regulado en el COIP, agiliza casos penales mediante acuerdos entre el fiscal y el acusado. Si bien tiene ventajas para las víctimas, su consentimiento no es irrevocable y pueden quedar excluidas de la restitución. Se proponen reformas para garantizar su consentimiento expreso y mejorar su acceso a la información. El poder punitivo, regulado por la Constitución y el COIP, busca equilibrar la seguridad y la justicia con principios de proporcionalidad y derechos humanos, aunque enfrenta desafíos como la criminalización de grupos vulnerables y el debate entre castigo, rehabilitación y justicia restaurativa.
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