Acción de lesividad y principio de seguridad jurídica en actos administrativos favorables.

Resumen

La investigación aborda la incertidumbre que genera el artículo 115 del Código Orgánico Administrativo al no precisar con nitidez cuándo la administración debe acudir a la acción de lesividad para anular un acto favorable que creó derechos subjetivos. El objetivo es permitir distinguir entre actos revocables internamente y aquellos que exigen control jurisdiccional, salvaguardando a la vez el interés público y la seguridad jurídica del administrado. Se aplicó una metodología cualitativa-dogmática basada en la interpretación sistemática de normas, doctrina y jurisprudencia, complementada con el análisis de los casos. Los resultados muestran que la acción de lesividad procede únicamente frente a actos constitutivos que consolidaron derechos y cuya corrección interna es imposible por oposición del beneficiario o por la naturaleza insubsanable del vicio; la secuencia válida exige declaración administrativa motivada dentro de tres años y demanda ante el Tribunal Contencioso-Administrativo en los noventa días siguientes, siendo el juez el único autorizado para dictar medidas cautelares. Se evidenció que la ambigüedad del término “actos que generen derechos” y la confusión entre convalidación y lesividad provocan decisiones administrativas arbitrarias, situación mitigada por la jurisprudencia constitucional que reserva al órgano jurisdiccional la suspensión del acto impugnado. En conclusión, la lesividad es un instrumento excepcional cuyo éxito depende de la estricta observancia de plazos, de la motivación suficiente y de la tutela judicial efectiva; su correcta aplicación restituye el equilibrio entre la estabilidad de los derechos individuales y la primacía del interés público sin recurrir a mecanismos estadísticos, sino a la coherencia normativa y jurisprudencial.