La eficiencia jurídica del derecho de naturaleza en el Ecuador desde la aplicabilidad constitucional

Resumen

El presente artículo analizó la eficacia jurídica del reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza en el Ecuador, a partir de la Constitución de 2008, en la que se otorgó personalidad jurídica a la naturaleza y se estableció el deber estatal de garantizar su protección. A través de un enfoque cualitativo, no experimental y de nivel descriptivo, se examinó la brecha entre el reconocimiento normativo y su aplicación práctica, evidenciando que, si bien el marco legal ecuatoriano se presentó como pionero en el constitucionalismo ecológico, las herramientas jurídicas resultaron insuficientes para sancionar de forma adecuada los daños ambientales. Se revisaron antecedentes internacionales y nacionales sobre el deterioro ecológico, así como casos emblemáticos como el derrame petrolero en los ríos Coca y Napo, y la afectación al río Vilcabamba, en los que se constató una débil respuesta institucional frente a la contaminación, la deforestación y la impunidad. Desde la perspectiva del iusnaturalismo, se sostuvo que el derecho a un ambiente sano es inherente al ser humano y a la vida no humana, y que debía ser protegido mediante mecanismos legales eficaces. Por ello, se planteó la necesidad de tipificar el ecocidio como figura penal dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, con el fin de prevenir, sancionar y reparar proporcionalmente los daños graves e irreversibles al ambiente. Se concluyó que la implementación efectiva de los derechos de la naturaleza exigía el fortalecimiento de las garantías constitucionales, la reforma de los tipos penales ambientales y la promoción de una cultura jurídica orientada al respeto de los ecosistemas como base del desarrollo sostenible y de la justicia intergeneracional.