El incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente para personas jurídicas

Resumen

La investigación aborda la omisión de las personas jurídicas en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona el incumplimiento de órdenes legítimas. Actualmente, la disposición solo contempla sanciones para personas naturales, dejando a las personas jurídicas fuera de su alcance, lo que genera una potencial laguna normativa con consecuencias en la eficacia de la justicia penal. El objetivo del estudio, desarrollado mediante entrevistas cualitativas con jueces penales, es comprender las interpretaciones y percepciones sobre esta omisión y su impacto en la tutela judicial efectiva y la igualdad ante la ley. Los resultados indican que la falta de una disposición clara para sancionar a personas jurídicas podría permitir que estas entidades eludan la responsabilidad penal, promoviendo la impunidad en un contexto donde su influencia es cada vez más significativa. Los hallazgos revelan un consenso entre los jueces sobre la necesidad urgente de reformas legales que incluyan mecanismos claros para responsabilizar penalmente a las entidades jurídicas, de acuerdo con principios constitucionales y estándares internacionales. Aunque actualmente la legislación ecuatoriana reconoce la responsabilidad penal de personas jurídicas en casos específicos, esta falta de claridad en el artículo 282 compromete el principio de legalidad y la debida protección de los derechos ciudadanos. Las conclusiones subrayan la urgencia de desarrollar un marco normativo que permita sancionar a las personas jurídicas, asegurando así la coherencia y eficacia del sistema penal.